Presentadas 421 denuncias por incumplimiento en obligaciones de transparencia
Durante el 2022, se registraron 421 denuncias por incumplimiento en las obligaciones de transparencia contra los sujetos obligados, cuatro veces más que las 102 que se presentaron en el 2021, reveló el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales.
La comisionada presidenta del IDAIP, Luz María Mariscal Cárdenas, explico que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, establece la posibilidad de que cualquier persona pueda denunciar ante el Instituto, la falta de publicación por parte de los sujetos obligados, de las obligaciones de transparencia previstas en la citada Ley.
De las denuncias presentadas en 2022, 180 fueron en contra de las distintas dependencias, institutos, organismos y universidades del Poder Judicial del Estado, mientras que 162 se distribuyeron entre los 39 ayuntamientos y organismos municipales descentralizados.
Los organismos autónomos recibieron 28 denuncias, los partidos políticos 24, 12 contra por el Poder Legislativo, ocho contra sindicatos, cuatro contra el Poder Judicial y tres contra personas morales.
Todos los sujetos obligados deben poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos; información que constituye las obligaciones de transparencia comunes y específicas, de tal manera que los temas más denunciados son la falta de información en la remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos, las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, así como los procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza.
Mariscal Cárdenas advirtió que la transparencia tiene que asumirse no sólo como una obligación sino como un deber, para que las personas puedan conocer cómo se ejerce el gasto público, quiénes son los proveedores y prestadores de servicios, como se gastan los viáticos, los proyectos de obra pública, sueldos, contrataciones y todas las actividades que realizan las autoridades.